El gobierno de los Estados Unidos está preocupado por la violencia en El Salvador y por la aprobación e implementación de reformas al Código Penal, votadas en la Asamblea Legislativa el pasado 5 de abril, las cuales criminalizan los reportes periodísticos de ciertas actividades de pandillas. La legislación se presta para intentar censurar a los medios de comunicación, impedir que se informe sobre corrupción y otros asuntos de interés público y para silenciar a los críticos del gobierno salvadoreño.
Los periodistas deben tener la libertad de realizar su trabajo sin temor a sufrir violencia, amenazas o detenciones injustificadas.
Seguimos apoyando a El Salvador en sus esfuerzos por reducir la proliferación de las pandillas. Desde 2008, hemos invertido $411 millones para mejorar la seguridad ciudadana y para ayudar al gobierno salvadoreño a combatir la violencia de las pandillas. Ejemplos de esta cooperación incluyen la construcción de un laboratorio forense de última generación, en Nuevo Cuscatlán, y la ayuda para recuperar y renovar espacios públicos como el Parque Cuscatlán.
Estamos sumamente preocupados por el alza de violencia y homicidios cometidos en El Salvador, el 25, 26 y 27 de marzo, por las pandillas MS-13 y Barrio 18.
Las pandillas representan una amenaza a la seguridad nacional tanto de El Salvador, como de los Estados Unidos. Urgimos a El Salvador abordar esta amenaza protegiendo al mismo tiempo libertades civiles vitales, incluyendo la libertad de prensa, el debido proceso y la libertad de expresión.
Ahora más que nunca, es esencial extraditar a los líderes de pandillas para que enfrenten la justicia en Estados Unidos.
