HONDURAS: Nivel 2
El Gobierno de Honduras no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas; no obstante, está realizando considerables esfuerzos con tal fin. Demostró estar redoblando sus esfuerzos en comparación con el período del informe anterior; por lo tanto, Honduras permaneció en el Nivel 2. El gobierno dejó constancia de esos mayores esfuerzos al investigar y enjuiciar a más tratantes, incluidos funcionarios sospechosos de complicidad, y al condenar a un mayor número tratantes; también al identificar, remitir y asistir a más víctimas de la trata sexual; y al aprobar un incremento presupuestario para la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas (CICESCT). No obstante, el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varios ámbitos clave. No logró obtener condenas para los funcionarios cómplices ni para los turistas involucrados en la explotación sexual de menores. Los servicios prestados por el gobierno a las víctimas adultas fueron limitados y los servicios para las víctimas que se identificaron fuera de la capital lo fueron aún más. A pesar de las constantes denuncias relacionadas con organizaciones delictivas, incluidas la pandillas, que explotan a niños para someterlos a actividades delictivas forzosas, el gobierno solo inició dos enjuiciamientos al respecto.
RECOMENDACIONES PARA HONDURAS
Intensificar las labores para enjuiciar y condenar a funcionarios públicos por complicidad en los delitos de trata de personas; redoblar los esfuerzos para enjuiciar los delitos de la trata y condenar y sentenciar a los tratantes, especialmente por delitos relacionados con el trabajo forzoso y la actividad delictiva forzosa de menores; incrementar la identificación de las víctimas adultas, las víctimas de trabajo forzoso y los niños forzados a cometer delitos, sobre todo entre hondureños repatriados y otras poblaciones particularmente vulnerables, y la asistencia que se les brinda; reforzar los mecanismos ya existentes de remisión de víctimas, o elaborar y aplicar nuevos mecanismos y proporcionar servicios especializados y albergue a todas las víctimas, incluso destinando más fondos públicos a organizaciones de la sociedad civil; enmendar la ley contra la trata de personas para que incorpore una definición de trata de personas acorde con el derecho internacional; ejecutar el plan de acción nacional para el periodo 2016-2022; hacer cumplir las leyes que sancionan a los agentes por prácticas ilícitas que facilitan la trata, como ofertas de empleo fraudulentas o tasas ilícitas por cuestiones de migración o empleo; y seguir capacitando y asignando adecuadamente a policías y fiscalías dedicados a la lucha contra la trata, así como a miembros del equipo de respuesta inmediata.
ENJUICIAMIENTO
El gobierno redobló sus esfuerzos en materia de aplicación de la ley. La ley hondureña contra la trata de personas de 2012 tipifica como delitos la trata con fines de explotación sexual y de trabajo forzoso e impone penas de 10 a 15 años de prisión; estas penas son suficientemente severas y, en lo que respecta a la trata sexual, son acordes con las prescritas para otros delitos graves, como la violación. La ley es incongruente con la definición de la trata en el derecho internacional, ya que estipula que el uso de la fuerza, el fraude y la coacción constituyen factores agravantes en lugar de ser elementos esenciales del delito. La ley define la trata en sentido amplio, para incluir la explotación laboral y la adopción ilegal sin fines de explotación. Con fondos y asistencia de un gobierno extranjero, la CICESCT evaluó la ley de 2012 y emitió una serie de recomendaciones, entre ellas la de enmendar la ley para incorporar los medios como elementos clave del delito; mejorar la asistencia a las víctimas por medio de la restitución; y proporcionar recursos financieros, logísticos y técnicos adicionales para la prestación de servicios; pero estas enmiendas aún no han sido incorporadas a la ley.
El gobierno declaró haber investigado 121 casos de presunta trata de personas en 2017, en comparación con al menos 41 casos en 2016. Las autoridades iniciaron enjuiciamientos a 84 sospechosos —82 por trata sexual y dos por trabajo forzoso— en 50 casos, frente a 41 sospechosos en 11 casos de trata sexual registrados en 2016. En 2017, el gobierno sentenció a ocho tratantes en siete casos de trata sexual, frente a nueve tratantes en ocho casos en 2016. En 2017, los declarados culpables recibieron multas y condenas de dos años de arresto domiciliario a 15 años de prisión, comparadas con condenas de seis a 15 años de prisión en 2016. Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su inquietud porque los tratantes por lo general eran enjuiciados por delitos menores que conllevan penas menores, como el proxenetismo. La impunidad generalizada para todos los delitos, incluida la trata de personas y la corrupción, siguió siendo un desafío. El gobierno investigó y enjuició a varios funcionarios y a un exfuncionario de gobierno acusados de trata sexual en 2017. La fiscalía denunció que agentes de seguridad participaron en delitos relacionados con la trata de menores con fines de explotación sexual. La falta de recursos adecuados restringió la eficacia de los investigadores y los fiscales. Las autoridades cooperaron con funcionarios de Belice en investigaciones relacionadas con la trata de personas, para identificar a los miembros de una red de trata sexual que operaba entre los dos países e iniciar los enjuiciamientos de cuatro tratantes. El gobierno organizó varios programas de capacitación para policías, investigadores, fiscales, jueces y otros funcionarios.
PROTECCIÓN
El gobierno mantuvo sus labores de identificación, remisión y asistencia a las víctimas de la trata sexual; pero las autoridades siguieron dependiendo en gran medida de las ONG para lo relativo al financiamiento y la prestación de servicios. El equipo de respuesta inmediata de la CICESCT utilizó protocolos para identificar y remitir a las víctimas de la trata sexual, pero las autoridades hondureñas carecían de procedimientos ordenados para identificar a las víctimas del trabajo forzoso. El equipo de respuesta inmediata, integrado por un psicólogo, un trabajador social y un abogado a tiempo completo, trabajó con los ministerios y las organizaciones de la sociedad civil para coordinar servicios para las víctimas, como la alimentación, el albergue y los exámenes médicos, así como las remisiones a servicios de asistencia a más largo plazo, como servicios psicológicos, jurídicos y sociales. El equipo estaba a cargo de una línea telefónica para asuntos relacionados con la trata, que recibió 45 llamadas en 2017 en comparación con más en 60 llamadas en 2016. El gobierno identificó a 150 víctimas en 2017 (84 de trata sexual y 66 de trata laboral; 97 adultos y 53 niños), frente a 111 víctimas identificadas en 2016. Asimismo, prestó apoyo inmediato a las 150 víctimas identificadas (una de ellas extranjera y el resto hondureñas). El gobierno también prestó asistencia a 120 víctimas que habían sido identificadas en años anteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores prestó asistencia y ayuda en la repatriación de seis ciudadanos hondureños a través de sus misiones diplomáticas en Argentina, Francia, Guatemala y México. De las 150 víctimas identificadas en el país, 145 se reunieron con sus familias y recibieron apoyo limitado a largo plazo y cinco permanecieron hospedadas en albergues. Los servicios disponibles para las víctimas adultas fueron limitados y los servicios para los adultos y los menores que se identificaron fuera de la capital lo fueron aún más.
El gobierno otorgó a la CICESCT un presupuesto de 2,3 millones de lempiras (US $96.550) para 2017 y otros organismos gubernamentales también destinaron fondos presupuestarios para la asistencia a las víctimas. Donantes internacionales y ONG siguieron financiando y prestando servicios para las víctimas. El gobierno suscribió contratos con albergues especializados en temas de trata sexual para que prestaran servicios a las víctimas identificadas. En 2017, la CICESCT otorgó financiamiento a un albergue de adultos con capacitación especializada para apoyar a las víctimas de la trata. Las víctimas adultas solían ubicarse en albergues para víctimas de abusos de diversa índole. Los servicios de apoyo a largo plazo y de reintegración para las víctimas, incluida la asistencia jurídica, psicológica y social, se incrementaron, aunque siguieron siendo limitados. Muchas víctimas seguían siendo vulnerables a volver a ser presas de la trata. Las autoridades se esforzaron por detectar indicadores de la trata entre los múltiples hondureños que regresaron del extranjero, entre ellos menores migrantes no acompañados. La falta de programas adecuados de protección a testigos y víctimas, agravada por un proceso judicial dilatado y el temor a represalias por parte de los tratantes, provocó que algunas víctimas, especialmente adultos o personas explotadas por grupos delictivos, se rehusaran a cooperar con las fuerzas del orden. Funcionarios reconocieron que no fue posible identificar adecuadamente a muchos niños forzados por grupos delictivos a participar en actividades ilícitas y, por lo tanto, puede que se les tratara como delincuentes y no como víctimas. El gobierno permitió a las víctimas testificar por medio de entrevistas grabadas en cámaras de Gesell y en 2017 incrementó el número de dichas cámaras de ocho a 10. La ley hondureña permite a las víctimas extranjeras recibir residencia temporal o permanente, incluida la autorización para trabajar; el gobierno no informó de que las víctimas hubieran recibido estos beneficios en 2017.
PREVENCIÓN
El gobierno perseveró en sus labores de prevención. La CICESCT promovió, observó y evaluó las iniciativas del gobierno para luchar contra la trata y elaboró un informe anual en el que se documentan esos esfuerzos. Esa Comisión estaba integrada por 31 entidades gubernamentales y no gubernamentales que se reunían mensualmente en 2017. La Comisión creó otros dos comités locales interinstitucionales de lucha contra la trata (CICESCT -Comités Locales), alcanzando así un total de 21 comités con los que coordinaba su labor. El gobierno comenzó a poner en práctica un plan de acción nacional para la lucha contra la trata 2016-2022. Al contar con financiación por parte del gobierno y de donantes, las autoridades organizaron y participaron en actividades para concientizar a las poblaciones vulnerables sobre ese tema, por ejemplo, a través de la televisión, la radio y la distribución de materiales impresos. Diversos organismos del gobierno financiaron cursos de capacitación, o participaron en ellos, destinados a una gran variedad de participantes, como psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeros, docentes, abogados y periodistas. Miembros de los comités locales interinstitucionales impartieron capacitación en materia de indicadores de la trata a ONG y funcionarios de los gobiernos locales. El gobierno trabajó con otros gobiernos de la región para reforzar la colaboración y elaborar protocolos de repatriación. En 2017, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social emitió nuevas directrices para hacer cumplir el decreto de 2015, que exige que las agencias de empleo cobren sus honorarios a los empleadores y no a los empleados, certificó las licencias de funcionamiento de cuatro empresas y citó a dos empresas por no cumplir con el decreto. Las autoridades realizaron campañas para concientizar al sector del turismo y a funcionarios locales sobre el turismo con fines de explotación sexual de menores pero, por segundo año consecutivo, no notificó haber condenado a nadie que hubiese pagado a víctimas de la trata por actos sexuales. En 2017, el gobierno inscribió 230 empresas nuevas en su registro nacional turístico y las añadió como signatarias de un código de conducta para reducir la trata y sancionar a los negocios que propicien la explotación. El gobierno capacitó a su personal diplomático en materia de lucha contra la trata.
PERFIL EN MATERIA DE TRATA
Conforme a los informes de los cinco últimos años, Honduras es principalmente un país de origen y de tránsito para hombres, mujeres y niños objeto de la trata sexual y de trabajo forzoso; en una muy menor medida, es un lugar de destino para mujeres y niñas de países vecinos víctimas de la trata sexual. Mujeres y niños hondureños son víctimas de la trata sexual dentro del país y en otros países de la región, en particular en México, Guatemala, El Salvador, Belice y Estados Unidos. La comunidad de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) hondureñas es especialmente vulnerable a la trata sexual. Hombres, mujeres y niños hondureños son sometidos a trabajar forzosamente en la venta ambulante, el servicio doméstico y el sector informal del país. También son objeto de trabajo forzoso en otros países, en particular en Guatemala, Estados Unidos y México. Los menores de las comunidades indígenas y afrodescendientes, especialmente los varones misquitos, son vulnerables al trabajo forzoso, incluso en los barcos pesqueros. Los menores que viven en la calle son vulnerables a la trata sexual y al trabajo forzoso. Las organizaciones delictivas, entre ellas las maras, someten a niñas a la trata sexual, obligan a menores a mendigar en las calles y coaccionan y amenazan a hombres jóvenes para que transporten drogas o cometan actos de extorsión o violencia, incluidos asesinatos. Esto ocurre principalmente en zonas urbanas, pero una ONG informó que la actividad marera había aumentado en las zonas rurales. Durante el año, hubo constantes denuncias de niños sometidos a la trata sexual en las calles de ciudades grandes, en particular en San Pedro Sula, so pretexto de que mendigaban o vendían en las calles. Honduras es un país de destino para turistas de Canadá y Estados Unidos involucrados en la explotación sexual de menores. Los migrantes latinoamericanos transitan por Honduras camino al norte de América Central y América del Norte, donde algunos de ellos son objeto de la trata sexual y del trabajo forzoso. Las autoridades indicaron que hay casos de menores conducidos a las cárceles por miembros de su familia para ser explotados por los reclusos en el comercio sexual, lo que suscitó preocupación por la posible complicidad de las autoridades carcelarias. La corrupción generalizada ha contribuido a facilitar la comisión de delitos de trata.
